La Comunidad toma el control del aeropuerto con ayuda de la Guardia Civil

El Gobierno regional alega que ha intervenido acompañado de agentes ante la negativa de Sacyr de firmar un inventario con el material que hay en las instalaciones | La concesionaria pide medidas cautelares al TSJ porque se siente indefensa ante lo que considera «una confiscación»

Sacyr ha denunciado que el Gobierno regional ha tomado el aeropuerto de Corvera con apoyo de la Guardia Civil. La sociedad concesionaria del aeropuerto de Corvera ha solicitado medidas cautelares al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para defenderse de la «incautación» que dice estar sufriendo por parte de la Comunidad Autónoma. Según han informado fuentes de Sacyr, fuerzas del orden público y diversas autoridades de la Administración regional, entre ellas el director general de Transportes, se han presentado en las instalaciones de Corvera para «apropiarse» de las mismas. No han dudado en calificar los hechos como una «confiscación» similar a la que sufrió Repsol en Argentina.

Fuentes del Ejecutivo murciano explican que la actuación de la Comunidad se ha producido después de que trabajadores de Sacyr destinados en Corvera se hayan negado a firmar un inventario en el que se incluyan los materiales de equipamientos que hay en el interior de las instalaciones. Según las mismas fuentes, funcionarios de la Comunidad habían observado la salida desde el aeródromo de camiones aparentemente cargados con material de todo tipo. Dado que el aeropuerto es propiedad de la Comunidad desde que el pasado día 13 se decidiera en Consejo de Gobierno recindir el contrato a la concesionaria, la Consejería de Obras Públicas -añaden desde el Ejecutivo autonómico- se ha visto en la obligación de intervenir, para lo que ha requerido la presencia de guardia civiles como medida protocolaria y de prevención.

En su escrito al TSJ, la concesionaria señala que se encuentra indefensa y pide tutela judicial, para que sea un magistrado el que decida qué se hace en el aeropuerto mientras se ultima el proceso de rescisión del contrato y de liquidación. El mismo portavoz ha informado a esta Redacción «que no existe urgencia que justifique la medida que ha tomado el Gobierno regional, que ha decidido actuar por la vía de los hechos». Añadió que el martes y esta mañana «se han presentado fuerzas del orden público y autoridades inspeccionando todas las instalaciones, recabando datos y pidiendo las llaves».

La Verdad.

Entradas recientes