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La licitación de la Comunidad Autónoma también desciende a los 36,8 millones debido a los recortes presupuestarios 

Hacienda podrá requerir en cinco años las facturas para comprobar el uso medios electrónicos. En el caso de los no residentes en España, el tope se amplía hasta los 15.000 euros.

Para atraer inversores, ofrece ventajas fiscales y plantea que los pisos alimenten el fondo social de inmuebles para desahuciados