El Defensor pide una normativa para evitar abusos en las viviendas de protección oficial

La resolución, responde a la queja presentada por una ciudadana que puso en conocimiento del Defensor que debido a su situación económica (estaba en paro) «se había visto obligada a resolver el contrato de compraventa de una casa ubicada en Molina de Segura». En el pliego de cláusulas del contrato se preveía, la retención por la vendedora del 75% de las cantidades entregadas en concepto de cláusula penal por incumplimiento.

Esta cláusula dejó a la afectada «en una situación de absoluto desamparo para hacer frente a una grave dificultad económica sobrevenida». El Defensor del Pueblo ha pedido a la Consejería que elabore una normativa para «evitar estos abusos», ya que la Comunidad Autónoma carece de este tipo de lesgilación.