El número de jóvenes que renuncian a la VPO se multiplica por no poder pagarlas

VICTORIA GALINDO ­Lo que hasta hace unos pocos años se consideraba casi una lotería, como era acceder a una vivienda de protección oficial, prácticamente la única opción asequible para jóvenes y personas con menos recursos económicos, ha pasado ahora a ser incluso un lastre para muchos bolsillos. La crisis, unida al progresivo aumento de los precios de la VPO, han provocado que en los dos últimos años se haya multiplicado el número de personas que renuncian a la vivienda protegida que les ´tocó´ en concurso oficial por no poder pagarla.

Esta renuncia suele darse tras una situación de quiebra económica sobrevenida, bien porque los solicitantes pierden su empleo o porque deben afrontar algún gasto imprevisto, o porque a la hora de solicitar el préstamo para financiar la vivienda el banco se lo niega. El solicitante de una VPO se encuentra entonces con que, después de haber entregado el 20% del coste de la vivienda, requisito imprescindible para acceder a este tipo de casas, y otras muchas cantidades a cuenta, no puede afrontar el gasto de la escritura y, en muchos casos, pierde más de la mitad de lo entregado hasta ese momento.

En algunos casos, incluso, se obliga a los compradores que ´devuelven´ la vivienda a renunciar al 75% de lo entregado, una situación que ha sido denunciada incluso ante la oficina del Defensor del Pueblo en Murcia, que, a su vez, tramitó la queja a la consejería de Obras Públicas, instándole a implantar una normativa que evite las cláusulas abusivas en los contratos de compraventa de viviendas de protección oficial.

La propia Consejería reconoció, en declaraciones a esta redacción, que «respecto a la legislación en materia de vivienda, ciertamente estamos funcionando con una legislación estatal obsoleta que, con los distintos planes de viviendas, consideramos que sería necesario modificarla, pero no es una cuestión baladí, pues se trataría de realizar una nueva ley».

Y no solo aumentan las renuncias a VPO, que en el plan de vivienda actualmente vigente se acercan al 5% de los que optan a este tipo de inmuebles (una cifra que solo recoge las solicitudes tramitadas desde la Comunidad, no las que gestionan las propias promotoras). También ha caído de forma alarmante la demanda y la construcción de VPO en la Región.

Los promotores inmobiliarios de la Región aseguran que la demanda ha caído hasta tal punto que Murcia fue el pasado año la Región en la que menos viviendas protegidas se calificaron provisionalmente, con solo 235 solicitudes aceptadas, según datos del ministerio de Fomento.

También en el capítulo de las calificaciones definitivas, Murcia se situó a la cola de las regiones en las que menos casas de protección oficial se construyen, con apenas 538.

En esta caída ha influido el precio de las VPO, que en los últimos años se ha ido equiparando al de la vivienda libre. Según los últimos datos del INE, a finales de 2011 la vivienda libre costaba 1.701,8 euros el metro cuadrado, mientras que las VPO se situaban a 1.1158,2 euros el metro. Una diferencia de no más de 544 euros, casi la mitad que en 2007, cuando la diferencia entre el precio de ambos tipo de vivienda superaba los mil euros.

«Ante esta situación, y debido a las limitaciones que se imponen en la VPO, los compradores se decantan finalmente por una vivienda libre», señala José Hernández, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región (Apirm). Las limitaciones a las que se refiere Hernández son, por un lado, que para acceder a una VPO, el solicitante debe abonar por adelantado el 20% del precio de la vivienda, mientras que el resto se abona a la firma de la escritura generalmente a través de un préstamo bancario. En el caso de las viviendas libres, no hay que pagar nada por adelantado, excepto la reserva que fije el comprador, que suele ser una cantidad de no más de 6.000 euros en la mayoría de los casos.

Por otro lado, los adjudicatarios de VPO no pueden vender ni alquilar su vivienda durante un periodo que oscila entre los cinco y los diez años, según cada Comunidad Autónoma. A todo este cóctel de factores hay que sumar otro, los recortes en las ayudas para acceso a la vivienda.

Este año, según se recoge en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, se entregarán 322 millones de euros menos en ayudas que en 2011.

Para mejorar esta situación, los promotores animan a la Administración a potenciar el sector de las VPO, reduciendo los impuestos que gravan las distintas fases de construcción y venta, modificando las limitaciones ya citadas y ofreciendo más suelo para construir. Ellos, por su parte, se ofrecen a ajustar los márgenes de beneficio para volver a hacer atractiva la oferta de vivienda de promoción oficial.